El proyecto de ley corta de pensiones, impulsado por el Gobierno, se vio modificado cuando pasó desde la comisión de Trabajo a la de Hacienda, obligando a reprogramar la tramitación. Por ahora, los diputados aumentaron la cobertura del Pilar Solidario y descartaron aplicar IVA a los servicios.

Por: Equipo EasyTax

No ha sido una tramitación fácil para la ley corta de pensiones. El proyecto del Ejecutivo que buscaba contrarrestar el avance del cuarto retiro de fondos ha enfrentado algunos escollos no previstos en la hoja de ruta y ahora, con indicaciones y modificaciones al plan inicial, la comisión de Hacienda está a cargo de su revisión.

En un principio se buscaba financiar el proyecto poniéndole fin a cinco exenciones tributarias. Sin embargo, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados dispuso eliminar una de esas exenciones y cambiar las condiciones de otra.

El proyecto planteaba gravar con un 5% las ganancias de capital, pero la comisión determinó que estas pasaran al régimen general. Así, dependiendo de los montos, el tributo podría llegar hasta 40%. En cuanto a la eliminación de la exención del IVA a los servicios profesionales, la instancia rechazó que todos ellos paguen este impuesto, con algunas excepciones.

Proyecto desfinanciado Con estas modificaciones, dijo el ministro de Hacienda, la iniciativa está desfinanciada. La diferencia de recaudación entre pasar las ganancias de capital al régimen general versus gravar los servicios sería cercana a los US$431 millones. En cambio, aunque las ganancias de capital puedan gravar hasta 40%, esto solo recaudaría US$221 millones. Prácticamente la mitad.

Pero el desfinanciamiento que señala el secretario de Estado tiene más razones. Los parlamentarios acordaron subir el monto de la pensión básica solidaria, pasando de los $178.000 propuestos por el Gobierno, a $210.000 a regir al mes siguiente de la publicación de la ley en el diario oficial.

Esto significa que el gasto aumentó en US$1.000 millones solo para el año 2022 y, proyectado a 15 años más, el gasto será de US$1.600 millones. La razón radica en la mayor cobertura del pilar solidario, que quedó en un 85% de los pensionados – el Gobierno proponía 80%- y el anticipo en la edad en que las mujeres pueden acceder a beneficios estatales de jubilación. Las indicaciones, explicó el ministro, “más que doblaron el costo del proyecto”, por lo tanto, un aumento en el gasto “sería muy difícil de financiar”.

Conforme los parlamentarios aumentan el gasto, también disminuyen los ingresos. Según estimaciones del Gobierno, con la eliminación de todas las exenciones tributarias propuestas en el proyecto, se hubiesen recaudado US$1.105 millones; pero con las modificaciones hechas por los diputados, la recaudación sería de 905 millones de dólares, cien menos que con la propuesta del Ejecutivo.

Tabla de mortalidad Además, el ministro Rodrigo Cerda planteó que las indicaciones aprobadas en la comisión de Trabajo están al borde de la inconstitucionalidad, ya que podrían vulnerar la facultad exclusiva del Ejecutivo en materias de seguridad social y tributación. Los parlamentarios no solo ampliaron la cobertura y el monto de la Pensión Básica Solidaria, también modificaron el impuesto a las ganancias de capital y ajustaron las tablas de mortalidad.

Este último punto no estaba considerado en el texto original presentado por el Gobierno, pero fue incluido en la comisión de Trabajo. Actualmente las administradoras de fondos de pensiones calculan la probabilidad de sobrevida de un afiliado a 110 años. En la instancia se acordó rebajar la edad hasta 85 años.

Los próximos pasos Debido a todas las modificaciones hechas en las comisiones, el Ejecutivo decidió retirar la discusión inmediata al proyecto y pedir suma urgencia; esto significa que cada cámara tiene 15 días para la revisión de la iniciativa. La decisión, argumentó Cerda, se basa en que los cambios introducidos requieren un debate más exhaustivo y detallado.

En esa línea, manifestó que si bien están de acuerdo en avanzar en este proyecto, lo propuesto por los parlamentarios debe ser realizado de manera paulatina para no generar un impacto mayor. Además, advirtió que hay luces de alerta por los efectos que se podrían generar en el mercado financiero.

Ahora, la comisión de Hacienda recibirá cerca de 15 audiencias para estudiar la ley corta de pensiones y de acuerdo a lo estimado en el nuevo cronograma, el lunes 25 de octubre se cierra el plazo para ingresar indicaciones; votando la iniciativa el martes 26 de octubre.